Opinión

Editorial: Prevenir los ataques al medio ambiente

Nuestra región ha sido el centro de diversos ataques al medio ambiente en las últimas semanas. La más grave de todas ha sido el vertido de varias toneladas de carbón en las aguas de Santa Marta cuando la empresa norteamericana Drummond procedía a unas manipulaciones de emergencia.

Los hechos se dieron a conocer la semana pasada con la divulgación de unas fotografías en las que se podía apreciar una “barcaza” de la empresa a punto de hundirse arrojando una gran cantidad de carbón al mar.

De inmediato, la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Luz Helena Sarmiento, dio la orden de suspender la actividad de carga de carbón de la multinacional hasta que la empresa presente y actualice el plan de contingencia que tendrá que ser socializado ante la Capitanía del Puerto, las alcaldías de Ciénaga y Santa Marta, y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).

La gravedad de los hechos es innegable. La directora del ANLA llegó a mencionar la cantidad de 500 toneladas vertidas en el mar aunque esta cantidad debe ser confirmada por la investigación emprendida después de los hechos.

Sin embargo, lo que más nos llama la atención es la reincidencia de este tipo de catástrofes medioambientales. Sin ir muy lejos, el 15 de diciembre del 2010, la empresa Drummond procedió al traslado con remolcadores de una barcaza hacia un lugar profundo y así poder deshacerse del carbón.

Pocas horas más tarde, otras dos barcazas siguieron el mismo esquema, arrojando centenares de toneladas de carbón al mar y convirtiendo la costa en un auténtico vertedero negro. Según el sindicalista Aníbal Pérez, presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond Puerto (Asotredp), estas emergencias ocurrieron porque la empresa Drummond hizo caso omiso de las advertencias acerca del mal tiempo y siguió cargando el mineral.

Mientras que el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, evoca la posibilidad de una multa ejemplar de 2947 millones de pesos, nosotros, ciudadanos, habitantes de la región, vecinos y amantes de nuestro patrimonio natural, esperamos que la autoridad se imponga en todos los aspectos con un recrudecimiento de los controles de las actividades de extracción y carga, una exigencia y severidad escrupulosos en cuanto a los informes de cada empresa y sus planes de contingencia.

Sin una autoridad omnipresente y firme (que haga respetar las leyes y los acuerdos contraídos con las empresas que contaminan por su actividad económica), no podremos garantizar nunca la preservación de los ecosistemas colombianos.

De la misma forma, y mirando esta vez en dirección del Cesar, hemos de reflexionar sobre las causas que facilitaron el incendio forestal en las inmediaciones de la ciudad de Valledupar y cómo éste pudo reavivarse durante más de 10 días.

Si es cierto que el clima tuvo efectos inesperados en el control de ese incendio (que llegó a amenazar el Eco-Parque los Besotes), también debemos reconocer que este caso de emergencia puso en evidencia los límites de un plan de contingencia inadaptado a las exigencias del terreno y la necesidad de un cuerpo experimentado en estas cuestiones.

Cuidar nuestro medio ambiente depende, como lo hemos visto en estos últimos días, de una respuesta sin vacilaciones, de una buena planeación y, cómo no, de mucha autoridad.