Opinión

Editorial: En pro de una biblioteca departamental totalmente pública

La posibilidad de una liquidación de la Corporación de la Biblioteca Rafael Carrillo, símbolo de una incipiente política cultural en el Cesar, se ha consolidado después de que el convenio pactado entre la Gobernación, la Alcaldía de Valledupar y la Universidad de Santander haya expirado el pasado mes de junio del 2013.

En términos técnicos, y según las palabras de la directora, Ruby Sánchez, la biblioteca sigue viva. Está totalmente abierta al público, dispone de recursos para organizar sus actividades básicas, ofrece total acceso a las más de 10.000 referencias bibliotecarias y a los puntos de Internet, y sin embargo, el desaliento y la incertidumbre son palpables.

El convenio anti-producente –en el que solamente la Gobernación es un miembro activo y aporta los recursos necesarios para su funcionamiento– genera tensiones e imposibilita la toma de decisiones claras en cuanto al futuro de la entidad. Además, proyectos culturales y sociales de mediano alcance se ven descartados por ese clima.

La extensión del convenio hasta finales de año (el 31 de diciembre) es una solución que no resuelve absolutamente nada, sino todo lo contrario: alarga la incertidumbre, la angustia del personal, y la ausencia de políticas o programas educativos.

En un pacto de tres socios donde dos de ellos no aportan recursos económicos –la alcaldía se encumbre desde hace varios años en su mala situación financiera y la UDES en el aporte exclusivo de profesionales–,  impide el funcionamiento claro y transparente de la institución, y genera grandes dudas en el público lector.

¿El Cesar seguirá teniendo una biblioteca departamental? Esa es la pregunta que muchos se hacen al contemplar esta situación. Y la respuesta es que seguramente seguiremos teniendo una biblioteca ya que es un requisito nacional. Cada departamento debe tener la suya, aunque sea de manera maquillada, y más todavía cuando a nivel ministerial se ha anunciado la creación de 75 nuevas bibliotecas en los últimos tres años. ¿El Cesar aceptaría ser uno de los pocos, sino el único departamento de Colombia, sin biblioteca departamental?

La pregunta que deberíamos hacernos es un tanto más profunda: ¿El Cesar dispondrá algún día de una biblioteca que deje de ser la víctima de transiciones políticas, que mantenga una línea continua y una política coherente de promoción de la cultura y de la lectura?

Ésa es la pregunta que deberíamos hacernos y la respuesta no debería ser otra que una política cultural a mediano y largo plazo formulada desde las instancias públicas y en acuerdo con asesores culturales, porque, cuando hablamos de la Biblioteca Rafael Carrillo, no sólo hablamos de los 100 o 200 usuarios que vienen a visitarla diariamente para consultar Internet o los libros que la conforman, sino también de la red de bibliotecas que dependen de ella en todo el departamento, las políticas de fomento de la lectura, o también los festivales culturales y encuentros de gestores culturales que en ese lugar deberían efectuarse.

Estimados lectores del Cesar, no dejen que la biblioteca Rafael Carrillo se convierta como lo que es hoy la biblioteca municipal de Valledupar: un vago recuerdo en el que ya no queremos creer ni sabemos si ha existido.

La Biblioteca departamental debe existir y convertirse en una entidad plenamente pública, que no dependa de las diferencias de sus socios o del abandono de los dirigentes. Para ello, pensemos y exijámoslo en el momento adecuado.