Opinión

La protesta social, un acto político y un derecho ciudadano

Protestar es un acto natural de todo ser vivo. Es una reacción ante alguna situación o circunstancia que genera incomodidad. Por tal, de cierta manera, las reacciones pueden ser activas o pasivas, en otras palabras, violentas o pacíficas. La protesta social está enmarcada en el acto político por ser un derecho ciudadano que permite expresar de forma pública afectaciones, personales o sociales, al ejercicio pleno de los derechos[1].

De igual manera, la Carta política de 1991, la consagra como ese derecho ciudadano a expresar sus inconformidades. En este sentido, es una herramienta social y política, de orden legal, cuyo objeto va más allá de enunciar la insatisfacción, es un llamado a concertar con el gobierno de turno, quienes son los administradores del Estado y los convocados a dialogar con la población acerca de las problemáticas que motivan la protesta social, en busca de acciones que den solución a la queja.

Lo dicho nos conduce al análisis de las protestas sociales que se han suscitado en estas últimas semanas en Colombia, las cuales no son ajenas a las que se han presentado en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Aun teniendo diferentes razones, están ligadas a una serie de insatisfacciones por parte de sus ciudadanos, empero, nos centraremos en el caso colombiano. A pesar de que la protesta social sea considerada un derecho ciudadano, se han generado confrontaciones en torno a su legalidad bajo las circunstancias de vandalismo. Por cierto, se confunde con el llamado vandalismo o acciones no pacíficas, las cuales deben diferenciarse, en el siguiente sentido. Por un lado, los actos vandálicos registrados, en todo el país, saqueos a supermercados, hurto de vehículos de transporte público, daño a estaciones de TM, entre otros; así como los enfrentamientos de los llamados “capuchos” contra la fuerza pública, provocaciones de parte de los ciudadanos con lenguajes inapropiados, así como por parte del ESMAD, etc., hechos que, venidos de cualquier actor, son repudiables.

Ahora bien, en el caso de Colombia, debe tenerse en cuenta las formas históricas en que se ha constituido el poder en las regiones que, desde la colonia, pasando por la independencia hasta hoy, ha preservado formas de gobierno que han privilegiado los intereses personales o de las “élites”, así como de los grandes grupos inversionistas y la gran industria. Poco ha sido su deseo de construir un estado social de derecho que conduzca a sus ciudadanos a un bienestar y estabilidad en sentido amplio: seguridad social. Al permanecer en el tiempo estas condiciones y ahondar con mayor profundidad la desigualdad, la ausencia de oportunidades, las desmejoras y desmantelamiento de derechos, el asesinato como vehículo casi insuperable, el continuo conflicto interno, entre otros, la situación ha llegado hasta este punto de hoy en día, siendo nuestros jóvenes estudiantes y la comunidad en general, protagonista de una de las acciones sociales más sentidas de la historia de la nación.

La inconformidad es total, la angustia por un presente oscuro y, por ende, un futuro más que incierto, ponen en la palestra dos elementos que tocan la psiquis de las nuevas generaciones: la incapacidad de quienes somos mayores, por construir un país mejor, así como la insistente desfachatez, por parte de las familias que han manejado el país, en favor de sus propios intereses. En últimas, al parecer, solo tocando el “bolsillo” de la gran empresa, el gobierno nacional se ha tenido que sentar a escuchar y negociar con la población, dado que sus mecenas, se han afectado económicamente. ¿Será?

Jhon J. Florez Jiménez