Opinión

El apocalipsis de la (in)seguridad ciudadana en el Cesar

“[…] Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo: y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán…”

Vivir para morir y vivir en zozobra, parece que fuese la consigna de la región. La violencia en el Cesar ha sido el pan de cada día de sus pobladores, siendo la inseguridad, la reina de este festín carroñero. Una muestra de ello, se deja ver con el asesinato de líderes campesinos y sociales, delincuencia común e inseguridad en general, que, según el comandante de la policía en el Cesar, “No hay herramientas logísticas para atender en Valledupar”. Ahora sí, vale decir: ¡Oh! ¿y ahora, quién podrá defendernos? O recordando al benemérito Marcos Pérez, “a esta ciudad se la llevó Pindanga”

No cabe duda, que a la delincuencia hay que enfrentarla con las herramientas que da la Constitución y la legitimidad que tienen las instituciones designada para ello, sin embargo, no es suficiente combatirla con el pie de fuerza, pues, esto es muestra que solo se busca frenar lo inmediato, es decir, sus efectos, más no se atacan las causas de este flagelo social. El problema de fondo es otro. En ese sentido, la región tiene una historia pérfida de violencia y dolor, nacida por la desatención del Estado y, de forma especial, de la clase política que ha gobernado el Cesar, quienes no han atendido la realidad social que se ha venido fraguando, por el contrario, se han repartido el erario, afectando la calidad de vida de sus pobladores.

Por otro lado, los diferentes planes locales de desarrollo no han puesto las mentes en la problemática, pues no existe una política pública seria, en materia de seguridad ciudadana, la cual no reside, exclusivamente, en el aumento del pie de fuerza, la compra de vehículos de variada índole, cámaras de seguridad, recompensas, entre otros. Pues, si se pretende dar solución a ello, hay que abordar las situaciones generadoras de delincuencia. Así las cosas, se observa, que el Cesar se encuentra entre los cinco departamentos con más alta tasa de desempleo, según el DANE, siendo el de su capital, del 15,9% en el mes de agosto del 2019. De igual manera, su juventud no tiene espacios de crecimiento y desarrollo, por lo cual deben migrar a las grandes ciudades, en busca de oportunidades. También, al no haber una política pública local sobre tierras, problema de vieja data, el empobrecimiento de la región es inminente, siendo el campesino su mayor víctima. Lo anterior conduce al deterioro las capas más sensibles de la sociedad.

El problema de la delincuencia en la región, viene adobado por la realidad nacional que agolpa todos los rincones del país, producto de ser una nación acéfala y unas regiones carcomidas por la corrupción de las enquistadas “familias de élite local”, las cuales son el sino trágico de esa delincuencia de “cuello blanco” y, por ende, el caldo de cultivo que alimenta el paramilitarismo y la adhesión a las guerrillas, así como a los grupos ilegales en general, los cuales ofrecen, a cual más,  opciones, si bien miserables, “ algo es algo”. Sin duda, la ausencia de oportunidades rompe con la columna vertebral del estado social de derecho.

La región y sus líderes políticos deben concientizarse, que la problemática de (in)seguridad nace, por la ausencia de acciones de fondo: sociales, económicas y políticas, entre otras, necesarias para la transformación que se anhela y requiere la ciudadanía. Si queremos resultados diferentes; hay que hacer las cosas de forma diferente. Así, entonces, ¿qué hacer para cambiar las nefastas prácticas de ignominia institucional y social? ¿los mismos con las mismas?, pero todo sigue igual.

Jhon J. Flórez Jiménez