Opinión
Las confesiones de Mancuso
Salvatore Mancuso, sin lugar a dudas, ha sido el líder y vocero principal del paramilitarismo en Colombia, sus declaraciones ante los distintos tribunales en los cuales ha comparecido, como Justicia y Paz, y ahora que apareció en la JEP, tiene a más de un personaje de la vida política, social y militar con los pelos de punta.
Desde su extradición a los Estados Unidos en el año 2008, no ha apagado el ventilador y ha salpicado a más de un personaje de los círculos de mayor reconocimiento de la sociedad colombiana, pero, a fin de cuentas, nunca pasa nada, ya que hasta la justicia ha resultado involucrada en este oscuro episodio de la violencia en Colombia.
La implicación de notarios, jueces y magistrados, relacionados con el despojo de tierras por parte de los paramilitares, las amenazas y asesinatos de los miembros de organizaciones y lideres reclamantes de tierras no cesan, lo que lleva a un manto de impunidad, sin precedentes en la historia de la nación.
Casualmente las declaraciones de Mancuso, se dan en medio de un clima de agitación política, en el que se cocinan reformas estructurales, la proximidad de las elecciones regionales y el infaltable conflicto armado que sigue lastimando a los colombianos y toda suerte de situaciones que nos conducen a la disyuntiva entre la incertidumbre y el optimismo.
La espiral de violencia que, por más de medio siglo, ha enlutado a los colombianos, ha sido también la oportunidad de hacer carrera política para muchos. Bajo el argumento de terminar la guerra, reciben el respaldo de la sociedad y luego justifican su pésima gestión, responsabilizando a todo aquel que coyunturalmente les presente un nuevo caballito de batallas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hace bien abrir las puertas a los exparamilitares, que confiesen sus crímenes y se comprometan a decir la verdad, que aporten elementos de juicio que permitan desmantelar todas sus estructuras, como también este mismo tribunal debe obrar con mayores exigencias con los miembros de la guerrilla de las antiguas FARC, que, después de siete años de firmar los acuerdos de la Habana, deben todavía reconocer muchos de sus crímenes.
La justicia transicional, sea cual sea su marco jurídico, tales como la ley 975, y la JEP no pueden seguir permitiendo que Colombia y el mundo las conciba como los mayores tribunales de impunidad de la historia reciente, masacres perpetradas por los paramilitares, como las ocurridas en el Aro Antioquia, el Salado, nueva Venecia, media luna- Cesar, la Gabarra en el Catatumbo y muchas otras más, no pueden ser juzgadas con solo un acto de perdón en televisión.
Si bien es cierto que los jefes paramilitares pagan cárceles en la actualidad, no se puede decir lo mismo de los exjefes de las FARC, que con 10 asientos en el congreso de la república de manera directa, garantía en la participación política, apoyo y financiación en programas para los excombatientes. No se ha obrado con justicia, en especial sobre las víctimas, las FARC no han confesado sus alianzas con el narcotráfico, el reclutamiento de menores, los secuestros, las desapariciones forzadas y hay un elocuente silencio frente a sus alianzas con políticos, testaferros y otros crímenes que permanecen en silencio como el mismo que profesan los exguerrilleros.
Si el país se sacude con las declaraciones de Salvatore Mancuso, espero que no se caiga, con las confesiones de Timochenko, Joaquín Gómez, Sandra Ramírez, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y todos aquellos que quieran decirnos la verdad, para cerrar este episodio de la violencia y no volver a repetirlo.
Luis Nerio Mejía
