Opinión

Justicia y política en Colombia

Al cumplirse un año de la llegada del gobierno de Gustavo Petro al poder, se podría calificar su gestión de satisfactoria, ya que todos los anteriores gobiernos que hemos tenido han sido salpicados por los escándalos de conspiración y corrupción.

Es un reto que le corresponde a nuestra sociedad idear a través de los mecanismos de la participación ciudadana la fórmula que nos permita la separación de poderes, donde la justicia no se vea tan inmiscuida en la política. Esto sería uno de los mayores logros en la historia de Colombia.

La manera tan diligente como ha actuado la justicia en el caso de Nicolas Petro, hijo mayor del presidente de la república Gustavo Petro Urrego, no tiene ni punto de comparación en la manera como se abordó el escándalo de la Yidis Política, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, los dineros de la multinacional Odebrecht que ingresaron a la campaña de Oscar Iván Zuluaga y que involucran a su hijo David Zuluaga y quien se desempeñaba como el tesorero de la misma, igual situación ocurrió con la campaña a la presidencia de la república del expresidente Iván Duque y cuyo mayor financiador fue José Miguel Hernández, alias el ñeñe Hernández, un narcotraficante y miembro de una banda criminal, que posaba como ganadero y que, posteriormente, luego de la divulgación de una serie de audios de este oscuro personaje, donde señalaba la cuantía de dineros que aportó, éste resultara asesinado en extrañas circunstancia en el vecino país de Brasil el 2 de mayo del año 2019 en un aparente robo de reloj.

La sentencia a 45 años de prisión proferida por la justicia estadounidense sobre el capo de la mafia y excomandante del clan del golfo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel quien minutos previos a su condena envió una carta al presidente de Colombia, en donde le manifestaba su voluntad absoluta de colaborar con los distintos tribunales colombianos en aras de dar a conocer la verdad y su compromiso de reparar a las víctimas del conflicto armado es algo sobre lo que debemos reclamar a nuestro sistema judicial. ¿Por qué el gobierno de Iván Duque extraditó a Otoniel cuando éste empezaba a contar la verdad sobre funcionarios que hacían parte a la nómina del clan del golfo (y que involucraría a unas 63 persona que hacían parte a esta temible organización criminal que van desde exdirectores del antiguo DAS, exgobernadores, congresistas de la república y funcionarios policiales)?

La actuación política de nuestra justicia no permite el avance frente a los diferentes crímenes que tanto afectan a los colombianos. Si bien el propio ministro de la defensa reconoce el alto índice de inseguridad en nuestro país, es muy poco lo que se está haciendo en materia judicial, la fiscalía general de la nación es diligente para desarticular planes criminales orquestados fuera de nuestras fronteras que atentarían en contra de la vida de nuestro fiscal general, pero aún no se ha parado el baño de sangre en contra de nuestros lideres y lideresas sociales, que en lo corrido del 2023 alcanzamos la deshonrosa cifra de un centenar de asesinatos y más de 57 masacres, porque nos siguen matando frente a una política de paz total y una fiscalía con un abultado presupuesto que actúa más en un comportamiento farandulero y no en órgano eficaz que combate el crimen.

El país no requiere de polarización, nuestra nación nos invita a que juntos construyamos una nación sobre las bases de la esperanza, con equilibrio de poderes, donde impere el compromiso del estado con los ciudadanos y no la actuación política de la justicia.

Nerio Luis Mejía